Omnibus Seguridad Alimentaria, simplificación y menos carga administrativa

La Comisión Europea quiere simplificar y fortalecer los requisitos de seguridad alimentaria y de piensos para mejorar el marco regulatorio en el ámbito de la seguridad alimentaria más allá de los elevadísimos niveles que tenemos en la actualidad, quiere dar un paso más para que la regulación sea más simple, rápida y que fomente la innovación, todo ello sin perder de vista la protección de los consumidores de alimentos en la Unión Europea. Esta es la idea clave de la propuesta “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1107/2009, el Reglamento (CE) n.º 396/2005, el Reglamento (UE) n.º 528/2012, el Reglamento (CE) n.º 1829/2003, el Reglamento (CE) n.º 1831/2003, el Reglamento (CE) n.º 852/2004, el Reglamento (CE) n.º 853/2004, el Reglamento n.º 1099/2009, el Reglamento (CE) n.º 999/2001, el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, el Reglamento (UE) 2017/625, la Directiva 98/58/CE y la Directiva 2009/128/CE en lo que respecta a la simplificación y el refuerzo de los requisitos de seguridad de los alimentos y los piensos”. 

Como podemos observar a través del título de la propuesta la apuesta tiene un alcance global a la hora de revisar áreas legislativas de la seguridad alimentaria. No sólo se trata de una medida de amplio espectro, además tendrá un impacto económico muy relevante. La Comisión Europea pretende reducir los costes administrativos en un 25% para todas las empresas y en un 35% para las Pymes, lo que se traduce en un ahorro de 37.500 millones de euros, esto es lo que se plantea de aquí a 2029 con estas medidas. 

Retos que afronta la propuesta

En el trabajo preparatorio de la propuesta se han identificado varios elementos clave en el marco regulatorio de la seguridad alimentaria que es necesario mejorar, destacando estos tres:

• Avances tecnológicos y la innovación, el binomio tecnología/legislación no siempre va de la mano y por ello es necesario que los procedimientos legislativos se modifiquen para poder seguir el ritmo de los avances tecnológicos y evitar el retraso en la aprobación de soluciones seguras y beneficiosas.
• Burocracia administrativa, una cuestión recurrente, las renovaciones, las actualizaciones y otros procesos generan costes que soportan todas las empresas. En este punto también deben resolverse las posibles ineficiencias en los procedimientos establecidos.
• Armonización entre Estados miembros, la falta de armonización de la regulación tiene elevados costes y genera distorsiones en el mercado interno. 

¿Qué medidas se plantean?

Se proponen medidas con impacto en los productos fitosanitarios, los límites máximos de residuos de plaguicidas, biocidas, aditivos para piensos, higiene alimentaria, encefalopatía espongiforme bovina, controles oficiales, bienestar animal y productos de fermentación. Los cambios legislativos afectarán en estas áreas y en la resolución de los problemas detectados contribuirán a lograr: 

Acceso a soluciones innovadoras

• Productos de biocontrol, propone una definición armonizada de "sustancia de biocontrol" que abarque, por ejemplo, microorganismos, semioquímicos (incluidas las feromonas), extractos vegetales, metabolitos derivados de microorganismos y sustancias producidas sintéticamente que sean idénticas a las que se encuentran en la naturaleza y la priorización de su evaluación y autorización. También se busca permitir autorizaciones provisionales para productos de biocontrol mientras se completan los procedimientos de aprobación.
• Pulverización aérea con drones, la propuesta trabaja en el diseño del adecuado marco legal para el uso de drones en la aplicación de productos fitosanitarios. Es necesario revertir la situación actual que presenta prácticas fragmentadas entre los Estados miembros. 

Reducción de cargas administrativas

• Simplificación de los PPP, para agilizar el sistema se propone la eliminación de la obligación de renovación sistemática de sustancias activas, fortalecimiento del reconocimiento mutuo de autorizaciones y simplificación de requisitos para usos menores. También se plantea la supresión del concepto “tolerancia de importación”.
• Productos biocidas, eliminación de las renovaciones sistemáticas de sustancias activas y ajustar las reglas de protección de datos para garantizar un equilibrio entre los intereses de los participantes en el programa de revisión y otros operadores económicos.
• Aditivos para piensos, se suprimirá la obligación de renovación sistemática de autorizaciones y se permitirá el etiquetado digital para información no relacionada con la seguridad.
• Medidas de higiene nacionales: Se simplificarán los procedimientos de notificación para evitar duplicaciones y lograr su armonización con lo previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 sobre el Sistema de Información de Reglamentaciones Técnicas – TRIS- 

Flexibilidad en los controles oficiales y acreditación de laboratorios

• Liberación parcial de partidas de plantas y vegetales en los puestos de control fronterizo (PIF), evitando retrasos y costes extra en los productos perecederos.
• Sistema de acreditación para los laboratorios de referencia, la modificación del Reglamento (UE) 2017/625 para permitir derogaciones específicas respecto al requisito de acreditación obligatoria para todos los métodos utilizados por los laboratorios de referencia. También se propone permitir excepciones a los requisitos de funcionamiento y acreditación conforme a la norma EN ISO/IEC 17025.

Conclusión

La Comisión Europea parte de un elevadísimo nivel de seguridad alimentaria y con esta propuesta quiere afinar la legislación para alcanzar una mayor simplificación y reducción de cargas administrativas, con el consiguiente ahorro económico para el sector agroalimentario y las administraciones públicas. El objeto fundamental es que se logre el adecuado balance entre la protección para la salud humana, animal y ambiental con el ahorro de costes.

El reto es mayúsculo, habrá que esperar a la aprobación de la nueva legislación y su puesta en marcha para analizar las posibles mejoras de gestión y coste sin detrimento de la seguridad alimentaria. Si se logra el objetivo dispondremos de un marco legislativo que ayudará a fomentar la innovación, reducirá costes y mejorará la eficiencia de los procedimientos administrativos.